La Corte Suprema estimó que el vínculo previo entre la demanda y el anterior dueño no puede ser desconocido por el demandante, en circunstancia que aquel sabía de la ocupación del inmueble, por ende, la mera tenencia acusada en su libelo no era sufrida ni clandestina.

El máximo tribunal estimó que la suma decretada originalmente por la magistratura no era suficiente para dar cumplimiento al deber de reparación integral hacia la familia de una víctima de delitos de lesa humanidad, por lo que elevó el quantum indemnizatorio a título de daño moral.

Estas gestiones deben ser calificadas como útiles, pues se trata de gestiones procesales indispensables para la prosecución del juicio hasta la dictación de la sentencia definitiva.

El deudor pretendía eludir la ejecución argumentando que “no estuvo presente al momento en que el notario autorizó su firma”, requisito que excede lo que dispone el artículo 401 y 425 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de los actos del notario, por lo tanto, el máximo Tribunal, ordenó continuar con el cobro compulsivo.

La iglesia estaba en conocimiento del ingreso del guarda templo y su familia al predio reclamado, e incluso les autorizó construir una casa a cambio de servicios de seguridad y cuidado del lugar consagrado al culto, por ende, la ocupación reclamada no les era desconocida ni meramente tolerada.

La solicitante posee una inscripción marcaria en Chile más antigua que la reclamante, por ende, y pese a que la recurrente es quien provee y fabrica los productos que vende la sociedad chilena en el territorio, aquella posee mejores derechos para ampliar su giro y extender su marca a nivel nacional.

La solicitante no puede pretender hacerse de un título respecto de un inmueble que corresponde a un camino rural, independiente del tiempo que lleve ocupando el predio, debido a que dicho sitio no contempla en sus fines el uso y habitación.

El Cuerpo de Bomberos de Calera de Tango celebró en el año 2007 un contrato de comodato con el Fisco, que entregó para su uso una propiedad. No obstante, la corporación de voluntarios se disolvió el año 2013 sin establecer claramente quién sería el continuador legal de la Compañía, lo que devino en que el Fisco solicitara la devolución del predio.

El máximo Tribunal sostuvo que, el Estado no puede asilarse en las reglas que el derecho común establece respecto de la prescripción de las acciones que persiguen indemnización por daño moral, para no reparar eficazmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico militar.

Resulta contrario a las reglas de la sana crítica, y deviene en una decisión arbitraria, no haber considerado el texto de los whatsapp aportados como prueba por la denunciante, en aquella parte que dan cuenta de insultos directos por parte del denunciado.