Se recibió la causa a prueba y se solicitó el abandono del procedimiento durante la vigencia del Estado de Excepción Constitucional, siendo un hecho notorio que existieron severas restricciones a la movilidad de los ciudadanos producto de las cuarentenas decretadas por la autoridad, configurándose una causal que impide decretar el abandono del procedimiento, máxime si la realización de tal diligencia era innecesaria, puesto que ningún efecto surgiría de la realización de tal diligencia sino hasta diez días hábiles posteriores al cese del Estado de Excepción Constitucional”.

La judicatura tiene la obligación de señalar todos los medios probatorios y examinarlos, tanto aquellos en los que apoya su convicción como de los que descarta, e indicar los motivos o argumentos que, a través del análisis de determinadas probanzas, le permite dar por acreditados los hechos a probar.

La deudora intentó modificar los hechos asentados en el juicio, alegando la inexistencia del contrato de mutuo, y que la deuda fue contraída a nombre de un tercero; alegaciones desechadas por la magistratura al observar que es la propia recurrente quien aparece suscribiendo el pagaré con la demandante, y que ahora, pretende desconocer de dicha obligación.

La omisión de estos parámetros en la determinación del quantum de la compensación económica constituye una abierta vulneración a lo previsto por el artículo 62 de la Ley N° 19.947, en la medida que no satisface los requerimientos que la ley asigna a dicha institución.

La demandante quiso anular la venta de una fracción de su predio a una cooperativa rural de agua, esgrimiendo que la falta de educación formal presume la ausencia de voluntad para la celebración del acto, argumento que fue desechado por la magistratura al verificar que durante la compraventa, en todo momento la demandante supo el acto que celebraba, situación que incluso la CONADI confirmó mediante informes.

La empresa ya había sido reconvenida a informar de forma oportuna los tratamientos y muestras de sus salmones, a fin de seguir el avance del tratamiento contra el virus ISA (anemia infecciosa del salmón) detectado en una de sus plantas, no obstante, la denunciada continuó con la producción de la especie, motivo que fue calificado como reincidencia por parte de la magistratura que impuso la multa.

La dueña del inmueble dedujo acción reivindicatoria para recuperar parte de la propiedad ocupada, la que fue acogida por la magistratura al verificar la privación del dominio. Asimismo, el máximo Tribunal indicó que la demandada no puede desconocer los hechos asentados en el juicio, para invocar nuevos hechos en su recurso de nulidad sustancial.

El máximo Tribunal reparó en que el título invocado por el demandante no justifica el dominio que pretende, respecto de un bien que nunca ha poseído materialmente, y respecto del cual, el demandando mantiene una inscripción vigente y la posesión tranquila del inmueble por más de 25 años.

Adquirió un bien inmueble por prescripción de acuerdo a las disposiciones del DL N° 2695 y que posteriormente vendió, pero al momento de inscribir la compraventa, el Conservador de Bienes Raíces rechazó la inscripción, sosteniendo que el vendedor se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, circunstancia que importaría que el bien raíz sea considerado social y no del haber propio del cónyuge.

La empresa ENEL, al ser quien exige el pago de la deuda, debía probar que el demandado efectivamente tenía el dominio sobre el inmueble que recibió el servicio, no siendo instrumento útil la boleta del suministro, por lo tanto, los jueces de fondo yerran al invertir la carga de la prueba y pedir al demandado que acredite que no es dueño del predio que generó la deuda.