Dicho estatuto regula un mecanismo especial para exigir el pago de lo adeudado.
Aun cuando se puede cuestionar la conclusión de la judicatura, dicho yerro no tuvo influencia en lo dispositivo de la decisión.
El máximo Tribunal resolvió que el demandante cumple con la condición funcionaria para el otorgamiento del incentivo al retiro.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que no dio por probados los perjuicios reclamados por las demandantes.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en representación de la parte demandada.
La Corte Suprema rechazó el arbitrio procesal para lo cual razonó que el Servicio de Impuestos Internos dispondrá de un plazo de tres años para revisar, liquidar y reliquidar los tributos respectivos. Por otra parte, en relación a la acción de cobro de impuestos, los plazos de prescripción corren en forma paralela y tienen la misma extensión que los señalados anteriormente.
