El demandante afirmo que el inmueble era ocupado por mera ignorancia o tolerancia de su parte, en circunstancias que siempre supo que la demandada tuvo una hija en común con su hermano -y anterior dueño-, por lo que la ocupación acusada posee un antecedente jurídico que la justifica y desvirtúa la acción de precario intentada.
Resolvió que los jueces del fondo rechazaron la demanda de tercería de pago fundada en una causa de pedir no alegada por la tercerista, extendiendo así la resolución a puntos no sometidos por los litigantes a la decisión del tribunal, no obstante lo cual, en fallo de reemplazo igualmente desestimó la tercería de pago.
El recurrente pretendía revertir el fallo que le ordenó restituir un inmueble dado en comodato, no obstante, el máximo Tribunal advirtió que el vicio de nulidad formal invocado fue ocasionado por su falta de diligencia en la tramitación, pues era carga del propio demandado gestionar la inspección personal del tribunal solicitada en segunda instancia.
En la sentencia impugnada no se aprecian los razonamientos de hecho ni de derecho, que llevaron a la magistratura a confirmar la condena contra el Fisco, con declaración que redujo de 100 a 30 millones de pesos el monto indemnizatorio a título de daño moral.
Ordenó a los ocupantes pagar al dueño de la propiedad la suma de $1.340.607.-, por los daños provocados al inmueble, por no cumplir con las mantenciones y cuidados mínimos pactados en el contrato de arriendo.
Los jueces de fondo confirmaron sin más un fallo de primer grado que rechazaba un reclamo de monto expropiatorio, reconociendo como válida la suma ofrecida por la Comisión Tasadora, y al mismo tiempo señalando que era inferior a la suma que el Ministerio de Vivienda reconocía que debía ser pagada como indemnización. Tal contradicción fue advertida por el máximo Tribunal, que anuló de oficio el fallo impugnado.
La Corte de Valdivia revocó en alzada la sentencia de base, y en reemplazo, acogió la demanda de precario y ordenó la entrega inmediata del inmueble a un tercero coadyuvante que no fue el demandante primigenio, y que pese ser el verdadero dueño de la heredad, no solicitó dicha restitución cuando compareció en juicio; por lo tanto, el máximo Tribunal estimó que los jueces de fondo incurrieron en el vicio de nulidad formal de extrapetita.
Reclamo en contra del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta es improcedente, debido a que no puede casarse formalmente la decisión decretada en un procedimiento voluntario. Asimismo, el reclamante no denunció la infracción de ninguna norma decisoria relacionada con el cumplimiento del Reglamento conservatorio, en atención a inscribir las escrituras que sean presentadas ante dicho auxiliar.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio de nulidad formal interpuesto por la familia de un cabo de Carabineros, que en 2015 murió atropellado por el Senador Jaime Quintana en una ruta cercana a Vilcún. La recurrente impugnó un fallo de la Corte de Valparaíso pero la Corte Suprema resolvió que es improcedente deducir un nuevo recurso de casación en la forma si previamente el tribunal de alzada rechazó otro recurso de nulidad formal sustentado en los mismos argumentos.
No obstante, la Corte concluye que el ingreso del actor no es su única renta, siendo su obligación justificar la variación de sus circunstancias, por lo que aumentó el monto de la pensión fijado en primera instancia.
El requirente alega que al impedirse injustificadamente la interposición de un recurso de nulidad formal se vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
