La requirente sostiene que el precepto impugnado produce resultados contrarios a la Constitución en el caso concreto, al negarle la posibilidad de utilizar el instrumento procesal del abandono del procedimiento, coartando su derecho a defensa, ya que restringe o limita su ámbito de acción, sin que pueda acudir a la totalidad de los mecanismos de impugnación previstos en la ley en pro de la adecuada representación de sus intereses en el juicio.