Se solicita que la disposición sea declarada inaplicable al caso concreto por producir resultados contrarios a la Constitución, al introducir una distinción arbitraria entre los derechos de los particulares y los órganos de la Administración en cuanto a la capacidad para reclamar de decisiones de acceso a la información pública, negándoles esta posibilidad cuando la denegación de información se basa en la causal de secreto o reserva relacionada con el cumplimiento de sus funciones, mientras que los solicitantes de información sí pueden recurrir.