La sentencia también enfatiza que la norma referida es acorde con la Constitución y garantiza la integridad del espacio público, por lo que las autoridades están en plena facultad de multar a los individuos que realicen sus necesidades en la calle.

La Magistratura constitucional colombiana examinó una situación de ocupación irregular de un predio, en el marco de la cual un grupo de 57 ocupantes, conformado por víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional, presentó acción de tutela.

El fallo concluyó que las autoridades judiciales, al omitir en su análisis interpretativo principios constitucionales como el de favorabilidad o in dubio pro operario, incurrieron en el defecto de violación directa de la Constitución.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que el sistema de información del ente acusador desconocía el régimen de protección de datos personales, específicamente, el principio de veracidad, según el cual la información recopilada debe ser completa, exacta y compresible.

La Magistratura Constitucional colombiana adujo que es deber de las instituciones educativas propiciar la integración del alumno con la comunidad educativa y no apartarlo para que sus clases fueran individuales y sin contacto alguno con sus compañeros.

El fallo concluyó que la terminación de la relación laboral estudiada obedeció a motivos discriminatorios basados en la condición médica de la accionante.

El Código Penal colombiano contempla una condena que va desde 12 hasta 20 años de prisión para quien sea condenado por acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

La Magistratura constitucional colombiana consideró indispensable reiterar que las mujeres reciben en el ordenamiento una protección reforzada –nacional e internacional– lo que ha traído consigo la incorporación de distintos estándares normativos tendientes a superar patrones o estereotipos discriminatorios.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que los ciudadanos cuentan con mecanismos judiciales para exigir que se acaten las decisiones.

La Magistratura constitucional colombiana expresó que esta iniciativa se presenta como mecanismo de inclusión, participación e integración ciudadana, resaltando la importancia y los aportes de la población indígena al desarrollo de la sociedad.