No se justifica exigir la cédula a todas las personas que asisten a comprar, si a simple vista es evidente la mayoría de edad.

El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.

Al negársele la inscripción de la partida de nacimiento y la entrega del documento de identidad, el recurrente no ha podido disfrutar de su derecho al nombre, en su sentido amplio, que es una expresión del derecho a la identidad.

La Ley N° 21.325 y el Decreto N° 296 del Ministerio del Interior, establecen como requisito previo para aquellos que se encuentren en situación irregular la regularización de su situación migratoria con la autoridad competente, a fin de poder acceder a su documento de identificación en el Registro Civil.

Petición de cédula y clave única de parte de las amparadas excede las facultades de la acción de amparo, al existir procedimientos administrativos para acceder a lo solicitado, en razón de la ley N°21.325.

La conducta de la recurrida resulta arbitraria, en tanto afecta la confianza legítima de la actora, toda vez que le ha otorgado su cédula de identidad hace más de cincuenta años.

Diversas ofertas incurrieron en causales de inadmisibilidad, sin ser excluidas por la demandada, lo que hace improcedente su evaluación

El recurrente estimó vulnerados sus derechos establecidos en los numerales 3, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.