El acoso judicial inhibe la crítica, desalienta investigaciones periodísticas y genera una cultura de autocensura que afecta la labor periodística y el derecho del público a la información. Los procesos judiciales, en muchos casos son largos, costosos y buscan desgastar psicológicamente a los demandados.
El General Chavan está en conocimiento de que es ilegal censurar a los periodistas, en cuanto durante el año 2017 la Corte Suprema acogió un recurso de protección en su contra por haber expulsado a otro periodista de una conferencia de prensa, se afirma en el libelo.
El Tribunal Electoral Regional del Biobío le impuso la pena de censura por haber aprobado 22 tratos directos con una sociedad de la que es socio minoritario.
Recurrente alegó que se vulnera el derecho del periodista y el suyo propio a informar y ser informado de hechos de relevancia nacional, dado que la exclusión se debió a razones políticas.
La ley establece un sistema de calificación para evaluar el comportamiento de los internautas chinos, e impone a las empresas de medios la obligación de controlar sus actividades en línea. Se enmarca en una política de Estado que busca intensificar el control sobre la disidencia.
En las democracias, los medios de comunicación no tienen un papel simplemente pasivo respecto a la libertad de expresión; no se limitan a ser víctimas de los atentados contra esta libertad. Tienen por el contrario una gran responsabilidad y poder al ser los vehículos naturales para que las libertades comunicativas sean una realidad. Sirven al desarrollo de los procesos democráticos formando una ciudadanía bien informada, que conozca sus derechos y sus obligaciones.
El Estado chileno tiene el deber de proteger a los manifestantes, por lo que debe adoptar medidas especiales para combatir todas las formas de violencia que se generen en el contexto de protestas sociales.
No obstante, solo corresponde someter a dicho proceso al o los delegados elegidos por los socios de la empresa, que hayan tenido relación con los hechos que pudieren dar lugar a su censura.
La acción no resulta ser la vía idónea al efecto, pues se refiere a medidas disciplinarias propias de las atribuciones del Tribunal Constitucional respecto de los integrantes de dicho órgano.
Se verificó que el actor causó un agravio a los bienes fiscales incumpliendo sus deberes laborales, por lo que es responsable administrativamente y fue sancionado en conformidad a derecho.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ofrece recomendaciones de seguridad para los periodistas que cubren elecciones y desórdenes civiles.
