La agrupación de padres y apoderados de un colegio de la comuna, reclamó de ilegalidad una resolución municipal que cuestionó la forma telemática en que se efectuó la asamblea general, así como la integración de la directiva; respecto de este último punto, la corporación alegó que sólo el Ministerio de Justicia puede fiscalizar la composición y nombramiento del directorio.