La Comisión de Medio Ambiente aprobó la moción en general y particular e incluyó una serie de precisiones para consagrar la procedencia del recurso de apelación y casación en contra de las sentencias emanadas de los Tribunales Ambientales del país.
La requirente estima que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad.
La requirente alega que, la aplicación de los preceptos impugnados en la gestión pendiente, producen efectos inconstitucionales.
El requirente alega que los preceptos cuestionados han permitido una decisión arbitraria que vulnera sus garantías constitucionales.
El precepto objetado no respeta el valor de la certeza jurídica, el debido proceso.
