Si bien en un principio el municipio adoptó las medidas para adecuar las labores que la actora desempeñaba como enfermera del CESFAM a la afección que ella padece, con posterioridad las modificó de modo unilateral sin haberlas restablecido, pese a las solicitudes, observaciones y objeciones formuladas por la trabajadora y que constan en la cadena de correos electrónicos acompañados al recurso.

Cumpliendo los demás requisitos legales para acceder al beneficio, relativos a la especialidad y registro correspondiente, no es relevante diferenciar si el profesional se desempeña como director, jefe de programa, o realiza atención directa de pacientes.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia que acogió la acción.

A la demandante se le suministró un anticonceptivo mediante una inyección intramuscular, dañando con dicha punción el nervio ciático izquierdo. El recinto tampoco registró el nombre de la profesional responsable que atendió a la actora.

La elección no habría cumplido con el principio de secreto del sufragio, pues las personas debían marcar su voto delante de los candidatos.

El máximo tribunal acogió la acción cautelar al considerar que la falta de medidas de resguardo pone en riesgo la seguridad e integridad de los funcionarios de la salud que laboran en un sector que presenta una alta concentración de población flotante y, consecuencialmente, niveles preocupantes de conflictividad y delincuencia.

No se constató la existencia de ningún acto ilegal o arbitrario que afecte el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, toda vez que la Municipalidad ya contaba con medidas de seguridad, dentro de lo exigible, para resguardar la salud y vida de los funcionarios municipales.

La decisión no se adoptó por los recurridos, sino por el Centro Formador del actor.

El recurrido inició un proceso de investigación sumaria para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios eventualmente implicados.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del centro de salud familiar, infringiendo disposiciones constitucionales y legales, al poner en evidente riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la recurrente y de igualdad ante la ley.