No se constató la existencia de ningún acto ilegal o arbitrario que afecte el derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, toda vez que la Municipalidad ya contaba con medidas de seguridad, dentro de lo exigible, para resguardar la salud y vida de los funcionarios municipales.

La decisión no se adoptó por los recurridos, sino por el Centro Formador del actor.

El recurrido inició un proceso de investigación sumaria para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios eventualmente implicados.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del centro de salud familiar, infringiendo disposiciones constitucionales y legales, al poner en evidente riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la recurrente y de igualdad ante la ley.