El recurrido inició un proceso de investigación sumaria para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios eventualmente implicados.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del centro de salud familiar, infringiendo disposiciones constitucionales y legales, al poner en evidente riesgo el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la recurrente y de igualdad ante la ley.