El actor pidió el reconocimiento de asignaciones propias de un grado al que fue ascendido con posterioridad a su retiro, por lo que Contraloría no tomó razón de dicha reliquidación, y el Departamento de Pensiones de Carabineros mantuvo la pensión en su cálculo original.

El requirente alega que la norma objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que le impide ejercer una adecuada defensa en sede ejecutiva, a partir de una decisión de la CGR y del Tribunal de Cuentas que de ella depende, en que la sentencia fue dictada por quien ha sido juez y parte en el juicio de cuentas, dejándolo en una absoluta indefensión.

La magistratura observó que entre la resolución que dispuso el licenciamiento y la toma de razón, transcurrieron más de siete años, tiempo en que el recurrente permaneció en la institución castrense en plena incertidumbre; por lo tanto, la acción disciplinaria se encuentra prescrita y es improcedente tomar razón de la sanción impuesta.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que se le impide hacer valer sus observaciones a la ejecución de la sentencia dictada por el tribunal de cuentas, a fin de que sea el tribunal de justicia el que analice y determine la efectividad de los cuestionamientos planteados con relación al título y su ejecutoriedad.

Pese a que desde el año 2019 la recurrente ejercía como administrativa del municipio de El Monte, mediante sucesivos contratos de trabajo a plazo fijo, solamente desde el año 2022 fue nombrada como contrata, por lo que sólo un nombramiento en dicha calidad no ampara a la actora bajo la legítima confianza, y la no renovación de su contrata para el período 2023 se ajustó a derecho.

La Contraloría General determinó que los delegados presidenciales, tanto provinciales como regionales, pueden ejercer la autoridad para reclamar la devolución de inmuebles fiscales, no considerados bienes nacionales de uso público, que han sido ocupados por particulares.

La resolución que degradó a la recurrente carecía de la motivación suficiente -exigida a cada acto administrativo-, brindado a la rebaja de la remuneración una mera apariencia de formalidad y seriedad, por lo tanto, la actora debe ser repuesta en el grado 5º con el debido pago de la diferencia de los montos que dejó de percibir mientras se mantuvo en el grado inferior.

Es la SMA la encargada de aplicar las sanciones que correspondan, ya sea que se trate de fiscalizaciones desarrolladas por la propia superintendencia o por otro organismo competente, y aun cuando tales procesos refieran a medidas que no hayan estado incluidas en los subprogramas establecidos por la Superintendencia.

Si un empleado es nombrado para un cargo incompatible, al asumirlo cesará por el solo ministerio de la ley en su anterior plaza, sin perjuicio de las excepciones que la ley prevé.

Cumpliendo los demás requisitos legales para acceder al beneficio, relativos a la especialidad y registro correspondiente, no es relevante diferenciar si el profesional se desempeña como director, jefe de programa, o realiza atención directa de pacientes.