La medida busca reducir los riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos ya que la aplicación es propiedad de una empresa china cuestionada por sus lazos con Pekín.
Pueden examinar las pruebas del caso e incluso dictar sentencias, ya que utilizan en tiempo real bases de datos jurisprudenciales y de big data. No obstante, algunos especialistas advierten sobre el mal uso que podría darse a la información recabada en los juicios.
La ley establece un sistema de calificación para evaluar el comportamiento de los internautas chinos, e impone a las empresas de medios la obligación de controlar sus actividades en línea. Se enmarca en una política de Estado que busca intensificar el control sobre la disidencia.
En materia de demandas promovidas contra un estado extranjero, como principio, éste no se halla sometido a las jurisdicciones de otros estados conforme a una sólida y aceptada norma de Derecho Internacional.
Cuando existen denuncias graves de malos tratos generalizados en el país de destino, las autoridades nacionales tienen la obligación especial de verificar si la persona en cuestión estaría expuesta a un riesgo real.
El gobierno canadiense expresó su repudio a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla un castigo cruel e inhumano.
“Los derechos humanos no son un monopolio de un pequeño número de países, y menos aún deberían utilizarse como herramienta para presionar a otros países e inmiscuirse en sus asuntos internos”
