La expulsión de migrantes y solicitantes de asilo es “colectiva” si se obliga a extranjeros, como grupo, a abandonar un país, “excepto cuando tal medida se tome sobre la base de un examen razonable y objetivo del caso particular de cada extranjero del grupo”. El propósito de la normativa es, por lo tanto, evitar que los Estados expulsen a ciudadanos extranjeros sin examinar sus circunstancias personales y sin permitirles presentar sus argumentos en contra de la expulsión.