Aunado al contexto de represión sistemática en el país, la Comisión considera que el presente asunto reúne a primera vista (prima facie) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento.

La Constitución de Venezuela establece que pueden ser electoras todas las personas que hayan cumplido 18 años siempre que no estén inhabilitadas. Sin embargo, los consulados venezolanos, siguiendo instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), están exigiendo una visa de residente, como única prueba válida para la inscripción en el registro electoral.

De acuerdo con datos de CEPAL, alrededor de 200 millones de niñas, niños y adolescentes viven actualmente en Latinoamérica y el Caribe. Este número significativo destaca la importancia de tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de esta población.

Este 10 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su cuenta de X estar preocupada por un proyecto de ley que fue aprobado en primera votación en el Congreso peruano y que prescribiría delitos como tortura, homicidio y desaparición forzada ocurridos antes del 1 de julio de 2002. De aprobarse, la medida favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el periodo de violencia interna que padeció el país de 1980 al 2000.

La Comisión recuerda la obligación de Estados Unidos de identificar adecuadamente las personas migrantes que tengan necesidades de protección. Para ello, las autoridades deben garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo, la prohibición de expulsión colectiva de solicitantes de asilo y el respeto al principio de no devolución.

La Comisión Interamericana (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) llaman a los Estados de las Américas y el Caribe a garantizar el derecho a la seguridad social, y particularmente el derecho a la pensión, a través de sistemas previsionales sostenibles y previsibles.

Ambas entidades comparten preocupaciones respecto a la tramitación, en el Congreso chileno, de iniciativas que podrían reducir la rendición de cuentas y favorecer la impunidad de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley.

El Compendio presenta el histórico trabajo de la CIDH respecto la reparación integral en contextos de justicia transicional. Asimismo, pone de manifiesto que, la intensificación de la discriminación y violencia contra la mujer en contextos de autoritarios, de dictadura y de conflicto armado requiere adoptar un enfoque de género en las medidas de justicia transicional posteriores a estos escenarios.

Gabriela Blas Blas fue detenida luego de acudir ante los Carabineros de Chile a denunciar la desaparición de su hijo D.E.B. Al ser detenida, la sometieron a torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes para obtener una confesión, lo que conllevó a una condena penal de prisión por el supuesto abandono y seguida muerte de su hijo, y a que su hija menor C.B.B. fuera entregada en adopción internacional a través de un proceso irregular.

El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.