La agresión alegada ocurrió en el año 2017, respecto de la cual conoció la CIDH y dispuso medidas, cuyas gestiones fueron realizadas.
Esta crisis puede ser superada sin poner en riesgo la institucionalidad democrática. El Tribunal Constitucional está llamado a ser un árbitro que evite arbitrariedades o excesos que quebranten el principio de legalidad y debido proceso, mismos que, de no respetarse, pueden generar afectaciones a la democracia en el Perú.
Los hostigamientos y amenazas dirigidas a las integrantes de las Damas de Blanco se han prolongado en el tiempo, siendo las autoridades las principales responsables. La continuidad de dicha situación puede dar lugar a afectaciones de mayor gravedad.
Existe un prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua, que ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos en el país, así como en la generación de una situación de impunidad estructural respecto de las graves violaciones cometidas.
Basadas en el respeto a su libre determinación, para superar legados históricos de discriminación, racismo y colonialismo.
Se constató la existencia de amenazas a su vida e integridad personal, lo que configura una situación de extrema urgencia y un riesgo de daño irreparable.
¿Cuáles son los mecanismos y procedimientos que deben preservarse y fortalecerse en el Plan Estratégico de la CIDH para 2022-2026?
El caso se originó tras la decisión de tribunales nacionales de Barbados de absolver a un hombre por el delito de violación, bajo el argumento de que un hombre no puede ser acusado por violación cuando la víctima es otro hombre, pues el cargo aplicable sería la llamada «sodomía» (buggery), la cual persiste en la legislación nacional. Siguiendo ese entendimiento, la victima también podría ser criminalizada desconociéndose la violencia sufrida.
Dicha disposición es aplicable cuando el acusado se presenta o es hallado luego de haber transcurrido la mitad del tiempo asignado para la prescripción de la acción penal, que, en el caso de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, era de 5 años y 7 años y medio respectivamente.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de diez adolescentes fallecidos en un incendio en el Centro de Internación Provisoria «Tiempo de Crecer» de Puerto Montt en 2007; y de 282 adolescentes que se encontraban recluidos en cuatro centros de detención e internación provisoria.
