La Comisión lamenta la falta de voluntad manifiesta del Estado nicaragüense para superar la impunidad y, en general, la grave crisis que atraviesa al país. A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas, afirma.

La Comisión determinó una serie de violaciones que se verificaron en el marco del proceso penal. En primer lugar, determinó que la víctima no contó con el tiempo y los medios para la preparación de una defensa adecuada y efectiva.

La Comisión identificó que la situación concreta de Javier Iván Olivares, en tanto integrante del medio «Confidencial» o periodista independiente en Nicaragua, se inserta en el contexto general represivo de la libertad de expresión en el país que ha sido identificado por la CIDH.

Con esta medida, Virginia se convierte en el primer estado del Sur de Estados Unidos en abolir la pena de muerte. Actualmente, suman 23 los estados que eliminaron la aplicación de este castigo en el país.

El control de identidad estigmatiza a los sectores de la población históricamente discriminados debido a su edad, apariencia u origen.

La presentación busca que el Gobierno de Chile otorgue medidas especiales de protección en favor de los trabajadores de los campesinos, con el objeto de que quienes ven su derecho a la vida e integridad amenazados todos los días producto de la violencia rural que se vive en la zona, estén con mejores condiciones para realizar su vida.

El máximo Tribunal estableció que en resguardo del derecho a la vida del paciente es un deber ético y legal del centro asistencial.

El máximo Tribunal mantuvo lo decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago, sobre acceder a la inscripción de los niños con el apellido paterno de ambas mujeres, pero desestimó establecer la filiación respecto de ambas, por no estar contemplado en la legislación chilena.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que ordenó a la policía abstenerse de emplear sustancias químicas, en tanto no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente, que garantice la vida y la salud de las personas.

El máximo Tribunal decretó la absolución de los recurrentes, tras establecer su completa inocencia.