Ambas entidades comparten preocupaciones respecto a la tramitación, en el Congreso chileno, de iniciativas que podrían reducir la rendición de cuentas y favorecer la impunidad de personas funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley.

El Compendio presenta el histórico trabajo de la CIDH respecto la reparación integral en contextos de justicia transicional. Asimismo, pone de manifiesto que, la intensificación de la discriminación y violencia contra la mujer en contextos de autoritarios, de dictadura y de conflicto armado requiere adoptar un enfoque de género en las medidas de justicia transicional posteriores a estos escenarios.

Gabriela Blas Blas fue detenida luego de acudir ante los Carabineros de Chile a denunciar la desaparición de su hijo D.E.B. Al ser detenida, la sometieron a torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes para obtener una confesión, lo que conllevó a una condena penal de prisión por el supuesto abandono y seguida muerte de su hijo, y a que su hija menor C.B.B. fuera entregada en adopción internacional a través de un proceso irregular.

El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.

De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, sólo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.

En 1997, la familia de Giacomo Turra presentó una demanda contra la nación debido a la muerte del joven italiano a manos de la Policía de Cartagena. En la solicitud, se requirió una reparación de aproximadamente US$144.000 por los daños emocionales sufridos por sus familiares.

La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados.

Jason Puracal, ciudadano estadounidense, fue detenido en Nicaragua sin orden judicial en 2010. Fue trasladado a cárceles locales, como «El Chipote» y «La Modelo», donde sufrió condiciones de encarcelamiento inhumanas, como celdas oscuras y superpobladas, y una falta de atención médica adecuada para su asma.

«Por lo tanto, los tratados de derechos humanos, y las opiniones consultivas de la Corte IDH que les dan mayor precisión, fungen como guía para la interpretación y aplicación de la normativa constitucional en nuestro país. Sin embargo, es importante señalar que estos tratados deberán ser aplicados por los órganos jurisdiccionales de manera que estén armonizados con otras normas de rango constitucional; como si de una norma en un artículo constitucional se tratara».

El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.