Según líderes indígenas del pueblo Yanomami, la presencia de mineros ilegales (garimpeiros) y el avance de grupos brasileños y colombianos vinculados a economías ilícitas, en 2024, contribuyen a la creciente violencia en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Esta situación ha generado un aumento significativo del desplazamiento forzado, la trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de esclavitud, especialmente de personas mayores, niñas, niños y mujeres.

Se propuso la modificación del Código Penal e incluir sanciones como la cadena perpetua y pena capital ante el incremento de la inseguridad y el temor de la ciudadana.

En el marco de la creciente preocupación por el aumento de la desigualdad en la región, la REDESCA destaca que, aunque algunos países han logrado reducir la pobreza, la desigualdad ha persistido e incluso se ha exacerbado en algunos contextos. Esta preocupante desconexión entre las políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y las necesarias para abordar las profundas brechas socioeconómicas afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.

En los últimos meses se han registrado hechos violentos contra las comunidades indígenas, incluyendo agresiones de particulares y fuerzas policiales, provocando el desplazamiento forzado de comunidades y la muerte de varios de sus integrantes que defienden sus tierras.

Datos recientes, a nivel mundial y regional, confirman que las mujeres, niñas y adolescentes de grupos étnico-raciales marginados registran peores indicadores de salud reproductiva que el conjunto de la población. Aunque son varios los factores que influyen – como el nivel socioeconómico, educativo, entre otros -, muchas de estas disparidades están relacionadas con el origen étnico-racial.

La sugerencia fue realizada en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos dedicada a conmemorar los 65 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según la solicitud, el beneficiario es integrante de la oposición de Venezuela y ha sido objeto de intimidaciones, hostigamientos y agresiones, por lo menos, desde el 2016. Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, ha sido alegado que fue objeto de persecución motorizada, el 3 y 28 de agosto de 2024, por parte de agentes del SEBIN y que el hostigamiento se habría extendido a diversos integrantes de su familia.

La parte solicitante indicó que Eddie Moisés González Valdivia, militar retirado, catedrático universitario y consultor de empresas en la ciudad de Estelí, quien se identifica como disidente del partido de gobierno y un crítico del régimen actual se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Jorge Navarro «La Modelo», incomunicado, y sin conocerse sobre su estado de salud y estado de detención.

En mayo de 1998, miembros de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), grupo paramilitar, llevaron a cabo una serie de ataques en varios barrios de Barrancabermeja, donde secuestraron, torturaron y asesinaron a civiles.

Santos Sebastián Flores Castillo denunció en 2005 que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había iniciado una relación con su hermana de 15 años, con quien habría tenido una hija. Tras estas denuncias, Flores Castillo y su familia sufrieron persecución del Estado.