En noviembre de 2005, Rosa Angela Martino, diagnosticada con Alzheimer, fue internada en el Instituto Geriátrico Ayelén. Sin embargo, la hija, María Cristina González, decidió retirar a su madre alegando que sufrió abandono y desatención, lo que resultó en desnutrición, deshidratación, anemia e infección urinaria.

El 21 de abril de 2018, durante una manifestación en Bluefields, el periodista Ángel Gahona López cubría los enfrentamientos entre manifestantes y la policía cuando fue alcanzado por un disparo. Aunque fue auxiliado por civiles, testigos aseguran que la Policía Nacional no le brindó asistencia, y Gahona falleció poco después en el hospital.

Las víctimas fueron vistas por última vez en marzo del 2000. Sus cuerpos, con impactos de bala, fueron hallados semienterrados en Godoy Cruz en julio del mismo año.

La independencia y autonomía se encuentran reconocidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas Mayores y constituyen principios de interpretación para todos los derechos humanos de esta población. Como derechos humanos autónomos, estos consagran el respeto de la toma de decisiones a través del reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica.

En 1998, el político y senador paraguayo Juan Carlos Galaverna demandó al diario «ABC Color» y a su fundador y director, Zuccolillo, por calumnia, difamación e injuria. En 2001, este fue condenado a pagar una multa por estos delitos, sentencia que fue apelada y modificada en 2002 a una condena por difamación con una multa mayor.

El 11 de abril de 2002, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y la Confederación de Trabajadores de Venezuela realizaron una manifestación contra los despidos en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Durante la protesta, agentes de la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana de Caracas y personas no identificadas atacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos, disparos y piedras.

La Comisión ha observado las acciones implementadas por los Estados en la materia. Mediante la Resolución 10434 de 2023, emitida por su Cancillería, Colombia adoptó un procedimiento gratuito para el reconocimiento de la condición de apátrida.

Según la solicitud, el beneficiario es periodista, líder comunal y social en Colombia. Debido a sus labores, ha venido recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de texto y en redes sociales, además de seguimientos por personas desconocidas en motocicletas y por un vehículo no identificado.

La solicitud indica que G.O.F., patrullero de la Policía Nacional, habría sido amenazado de muerte tras negarse a devolver explosivos que le fueron confiados por dos subintendentes de la Unidad de Antinarcóticos, quienes presuntamente planeaban entregarlos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Observó que las reformas legales y los cambios jurisprudenciales realizados por el Estado argentino no beneficiaron a las víctimas de manera retroactiva y que las víctimas no tuvieron acceso a una revisión adecuada de sus casos, ni a la protección judicial que debían recibir frente a estas limitaciones. Determinó que es responsable a nivel internacional por la violación de los derechos a recurrir el fallo y a la protección judicial.