Para su elaboración, se realizaron dos encuentros con adolescentes, quienes contribuyeron a validar el texto y proponer un lenguaje y diseño adaptados para ellos. Este proceso se llevó a cabo en alianza con Save the Children y la Red Latinoamericana de Niñas, Niños y Adolescentes (REDNNyA’s) y contó con el apoyo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN/OEA).

A la fecha, se desconoce su paradero por lo que se estima que se ha configurado su desaparición forzada. Tanto la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) han negado tenerlo bajo su custodia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la Resolución 1/24, reconociendo a los observadores electorales como defensores de derechos humanos.

La parte solicitante indicó que Douglas Acevedo Castillo, Anner Herrera y Geovanny Jaret Guido Morales se encuentran recluidos en la cárcel «La Modelo», en condiciones inadecuadas de detención y sin recibir la atención medica necesaria para sus padecimientos. Asimismo, enfrentan hechos de violencia tales como golpizas, malos tratos e intimidaciones por parte de agentes penitenciarios.

Estas estrategias incluyen la adopción de leyes y/o políticas públicas que representarían un retroceso en la garantía de los derechos previamente consolidados o que cuentan con grandes avances a nivel interno de cada Estado.

Desde el 30 de julio de 2024 se pueden presentar solicitudes de audiencias públicas relativas a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través del sistema electrónico disponible en los cuatro idiomas oficiales: español, inglés, portugués y francés. El sistema estará abierto hasta el 20 de agosto a las 23:59 (EST), hora de Washington, D.C.

La Comisión y la Relatora Especial observan que persisten en la región desafíos para que las víctimas de la trata accedan a justicia, asistencia y reparación integral. En lo particular, advierten que la imposibilidad de acceder a la justicia perpetúa la impunidad, que la falta de asistencia especializada deja en una situación de vulnerabilidad a las víctimas y la ausencia de reparaciones integrales profundiza el daño sufrido.

Desde el fin de la jornada electoral del 28 de julio, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado al menos 300 protestas espontáneas en todo el país, exigiendo atención a las denuncias de graves irregularidades en el conteo de votos, falta de transparencia, fraude electoral y obstáculos al proceso de auditoría ciudadana.

La CIDH observa con preocupación que otras formas de violencia y discriminación basadas en el género y el origen étnico-racial, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y a los servicios sociales, así como la violencia física, sexual y obstétrica también impactan directamente en la salud sexual y reproductiva en general de las mujeres afrodescendientes, las niñas y las personas con capacidad de gestar, incrementando el riesgo de mortalidad materna.

En las audiencias, la CIDH recibió información de los Estados y de la sociedad civil acerca de diversos temas. Entre ellos, se discutió el contexto de las personas solicitantes de asilo y refugiadas nicaragüenses en Costa Rica, pueblos indígenas y la libertad de religión en Nicaragua, así como la libertad de expresión, libertad académica y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Guatemala.