El acoso judicial inhibe la crítica, desalienta investigaciones periodísticas y genera una cultura de autocensura que afecta la labor periodística y el derecho del público a la información. Los procesos judiciales, en muchos casos son largos, costosos y buscan desgastar psicológicamente a los demandados.

La Relatoría expresa su preocupación al observar que, según el monitoreo realizado por la Oficina, en lo que va del año se han registrado al menos cinco asesinatos de periodistas en Colombia: Mardonio Mejía Mendoza, Jaime Vásquez, Julio Zapata, Hilton Eduardo Barrios y Jorge Méndez.

Según información proporcionada por la sociedad civil, en lo que va de 2024, nuevas protestas se vienen realizando en el país, impulsadas principalmente por el agravamiento de las condiciones que dieron origen a las protestas de 2021. Ante ello, el Estado acudió a los mismos patrones represivos que la CIDH ha documentado desde entonces.

La Comisión afirma que resultan de especial preocupación las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno a través de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, en el que se calificó de forma generalizada a las personas como «terroristas». Asimismo, el Gobierno describió los hechos como «un golpe de Estado moderno», y justificó así la respuesta de las fuerzas de seguridad «en defensa de la democracia».

La Comisión no ha recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo identificado. Tampoco, se tiene información sobre acciones de concertación o medidas para investigar los eventos de riesgo.

Se alegó que luego de su detención fue sometido a una golpiza «brutal», interrogado y sujeto a un «método de tortura» denominado «la bicicleta».

Estas audiencias abordarán temas relacionados con situaciones de derechos humanos en países miembros de la OEA y a nivel regional.

La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a las 25 personas identificadas, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Pese a las reiteradas acciones de la Comisión para obtener información de parte del Estado de Nicaragua, no ha recibido respuesta que indique la adopción de medidas idóneas y efectivas para mitigar el riesgo.

La CIDH advierte la persistencia de factores que siguen obligando a las personas a salir de sus países de origen o de residencia habitual y buscar protección. Entre estos factores están la persecución, los conflictos armados, la violencia generalizada, el crimen organizado, la pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo. Las emergencias del cambio climático y los desastres naturales, como la falta de medidas de mitigación de sus efectos, también fuerza a las personas a desplazarse y a buscar oportunidades de desarrollo o a solicitar protección.

En las observaciones preliminares, se resalta que la extrema desigualdad y la discriminación estructural, se relacionan con el conflicto armado y con las diferentes manifestaciones de la violencia. Asimismo, se valora la implementación del Acuerdo de Paz y reafirma el apoyo a toda política de Estado que tenga por objeto alcanzar la paz a partir del diálogo participativo y el respeto a los derechos humanos.