De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, sólo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.

En 1997, la familia de Giacomo Turra presentó una demanda contra la nación debido a la muerte del joven italiano a manos de la Policía de Cartagena. En la solicitud, se requirió una reparación de aproximadamente US$144.000 por los daños emocionales sufridos por sus familiares.

La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados.

Jason Puracal, ciudadano estadounidense, fue detenido en Nicaragua sin orden judicial en 2010. Fue trasladado a cárceles locales, como «El Chipote» y «La Modelo», donde sufrió condiciones de encarcelamiento inhumanas, como celdas oscuras y superpobladas, y una falta de atención médica adecuada para su asma.

«Por lo tanto, los tratados de derechos humanos, y las opiniones consultivas de la Corte IDH que les dan mayor precisión, fungen como guía para la interpretación y aplicación de la normativa constitucional en nuestro país. Sin embargo, es importante señalar que estos tratados deberán ser aplicados por los órganos jurisdiccionales de manera que estén armonizados con otras normas de rango constitucional; como si de una norma en un artículo constitucional se tratara».

El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.

«El Informe Anual de la CIDH es un documento único y de gran relevancia para las Américas y el Caribe, ya que ofrece una visión integral de los desafíos de la región en materia de derechos humanos y de las acciones que los distintos actores han emprendido y pueden emprender para asegurar que las personas y sus derechos fundamentales estén en el centro de las agendas de los Estados», destaca la Presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.

Actualmente el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua constituye uno de los más graves en la región. El principio de separación de poderes se quebrantó. Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan.

La respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría qué estas no se han implementado.

La CIDH y el Experto de la ONU vienen observando diferentes medidas que impiden, limitan o afectan la ejecución de las penas determinadas en las sentencias condenatorias emitidas. En concreto, se advierten iniciativas legislativas que, de manera genérica, procuran indultar a perpetradores o alterar el régimen de cumplimento de la pena con base en la edad de la persona privada de libertad.