El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que impide que el querellante sostenga la acusación particular. En otros términos, la víctima quedará impedida de ejercer acción penal ante el delito que le afecta.
El requirente alegó que se le impide ejercer la acción penal, vulnerando su garantía la tutela judicial efectiva.
El requirente alega que la aplicación de estas normas coarta el ejercicio de su acción penal en tanto víctima de un delito.
El cierre de la investigación no tiene relación con que se mantengan o dejen sin efecto las medidas cautelares personales.
Para que pueda dictarse el sobreseimiento definitivo, es indispensable que previamente el juez le haya fijado al fiscal el plazo, que como máximo puede ser de dos días.
Amparado solicitó que se declare el cierre de la investigación, lo cual fue desestimado por el Tribunal que aplazó tal audiencia con el fin de brindar tiempo a la defensa de los coimputados para acceder a la carpeta investigativa y solicitar diligencias.
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
