En caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que las disposiciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales en el ámbito laboral no respetan las condiciones y los límites establecidos por el artículo 88, apartados 1 y 2, del Reglamento General de Protección de Datos, deberá comprobar además si dichas disposiciones constituyen una base jurídica contemplada en otro artículo de este.