La normativa aplicable contiene dos exigencias expresas que no han sido respetadas. La primera es que la recepción de la factura en papel es considerada un derecho incondicionado del usuario. Y, en segundo lugar, que la renuncia ha dicho derecho no solo ha de ser expresa, sino que ha de manifestarse mediante un procedimiento directamente contemplado en la propia ley.
Las partes negociaron aspectos esenciales del mismo, como el porcentaje de la comisión a pagar por la querellante y la exclusividad del acuerdo, lo que llevó a la Corte a considerar que no se estaba ante un supuesto de aplicación de la Ley N° 19.496.
En una de las cláusulas se estableció que, si la compradora no celebraba el contrato definitivo, la inmobiliaria podría retener lo pagado inicialmente y dar por resuelto el contrato de pleno de derecho.
El Tribunal resolvió que dicha cláusula no produce efecto alguno, por cuanto rompe la equidad entre los contratantes, dejando a uno de ellos en la indefensión, y limita absolutamente la responsabilidad del Colegio ante los padres y apoderados.
La cláusula abusiva incorporada en el contrato de promesa de compraventa infringe la Ley 19.496, al no permitir a la actora flexibilizar las condiciones de cumplimiento frente a su situación económica.
