Como se desprende de la mera lectura de las cláusulas, la finalidad perseguida es la de liberarse de responsabilidad y del pago de sumas de dinero que, por derecho, corresponden a los usuarios o consumidores del servicio, lo que genera un enriquecimiento de la proveedora en desmedro de los primeros.
Si el elemento abusivo de la cláusula puede separarse del resto de la misma, su supresión puede bastar para restablecer el equilibrio real entre las partes del contrato. En tal caso, el contrato puede subsistir y el consumidor puede elegir cualquier forma de pago de entre las admisibles en virtud del Derecho nacional.
Las partes negociaron aspectos esenciales del mismo, como el porcentaje de la comisión a pagar por la querellante y la exclusividad del acuerdo, lo que llevó a la Corte a considerar que no se estaba ante un supuesto de aplicación de la Ley N° 19.496.
En una de las cláusulas se estableció que, si la compradora no celebraba el contrato definitivo, la inmobiliaria podría retener lo pagado inicialmente y dar por resuelto el contrato de pleno de derecho.
El Tribunal resolvió que dicha cláusula no produce efecto alguno, por cuanto rompe la equidad entre los contratantes, dejando a uno de ellos en la indefensión, y limita absolutamente la responsabilidad del Colegio ante los padres y apoderados.
La cláusula abusiva incorporada en el contrato de promesa de compraventa infringe la Ley 19.496, al no permitir a la actora flexibilizar las condiciones de cumplimiento frente a su situación económica.
