La presentación de esta legislación ocurre tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Donald Trump v. Estados Unidos en 2024, en el cual se otorgó inmunidad al expresidente Trump por todos los delitos cometidos como «actos oficiales» durante su presidencia. Se fundamenta en la interpretación de que la Constitución de los Estados Unidos no otorga explícitamente inmunidad al presidente frente a las leyes penales durante su mandato.