Las recientes reformas legales amplían los poderes del Estado para penalizar la disidencia, incluida la actividad en las redes sociales, y extienden las capacidades de vigilancia y enjuiciamiento. Además, concentran más el poder en el ejecutivo, socavando el estado de derecho y la libertad de expresión, entre otras garantías fundamentales, alerta la Oficina de Derechos Humanos.