La Clínica INDISA alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, desde que permite que la Administración de manera arbitraria imponga sanciones desproporcionadas, puesto que es un hecho público y notorio que a otros prestadores institucionales, por la misma infracción, la Intendenta de Prestadores les ha impuesto multas por una cuantía muy inferior a la cuantía de la multa que impuso a la requirente.