El Tribunal de alzada rechazó el recurso de reclamación deducido por la clínica privada, tras establecer que la autoridad fiscalizadora actuó dentro de sus facultades legales al sancionarla.

El Tribunal descartó actuar culpable o negligente de los demandados, al considerar que, tras la intervención, se hizo un seguimiento al paciente que permitió constatar, previo análisis y manejo de un equipo multidisciplinario, la existencia de una perforación al duodeno, la cual al fracasar los tratamiento no invasivos, fue tratada en forma quirúrgica, sin lograr la recuperación del paciente, quien falleció meses después, el 1 de octubre de 2014.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Juzgado Civil de Santiago, tras dar por establecido el actuar negligente de la clínica privada al disponer el traslado de la paciente, lo que le provocó la muerte el 24 de abril de 2014.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la decisión sancionatoria adoptada por la autoridad fiscalizadora, en mayo de 2019, con costas.

El causante falleció sin dejar testamento, por lo que basta que la actora acredite su calidad de hija para solicitar sus antecedentes médicos.

El Tribunal de alzada rechazó con costas el recurso de reclamación interpuesto por la sancionada, tras descartar infracción de ley en la resolución sancionatoria y el decaimiento de la acción.

El Tribunal de alzada no hizo lugar al reclamo, tras establecer que la recurrida Superintendencia de Salud actuó ajustada a derecho al sancionar a la clínica privada.

El Tribunal condenó a clínica privada a pagar a la demandante la suma total de $72.245.957 por concepto de daño emergente y daño moral.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la clínica al condicionar la continuidad del tratamiento a la suscripción de documentos de pago.

Los prestadores de salud no pueden exigir como garantía de pago por las prestaciones que reciba un paciente el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo.