La instancia, conformada por senadores y diputados, acordó realizar audiencias, para luego resolver las discrepancias sobre acceso al registro y acceso a información positiva de deuda.

Se modifica la Ley de Fraudes a fin de corregir incentivos perversos que ha generado el marco legal actual, que permiten comportamientos que perjudican a los consumidores financieros como un conjunto e incluso resultan en la comisión de delitos.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la igualdad de las cargas públicas y el derecho de propiedad, e invaden las facultades constitucionales de los tribunales de justicia con competencia penal y del Ministerio Público, desde que no hay ningún mecanismo efectivo al que pueda acceder el Banco para suspender su obligación de pago o asegurar que los montos no se pierdan antes de obtener una solución judicial, respecto de un eventual juicio en contra del cliente por el delito de autofraude.

Hasta el 11 de enero se podrán presentar indicaciones al proyecto que establece una serie de medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, permitiendo así perseguir «la ruta del dinero».

Amplia el conjunto de herramientas de supervisión de la CMF, fortalece la regulación de ciertos actores, como el caso de las cooperativas de ahorro y crédito; y robustece el sistema financiero a través de un mayor uso de la infraestructura de pagos del Banco Central de Chile.

Alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que le impide enervar la demanda acreditando que no concurre la causal invocada por el actor por no ser efectivos los hechos invocados en sustentos de la misma, ya que el estado de cesación de pagos es falso, en cuanto son productos de fraudes y engaños ejercidos por los hermanos Sauer, quienes utilizaron FACTOP y otras compañías para crear un mecanismo ilegal de financiamiento.

En la línea decisoria de la CMF, Matías Videla en razón de su cargo de CEO, poseía información privilegiada en el tiempo que llevó a cabo la adquisición de las acciones de Cencosud S.A., no guardó la debida reserva y además utilizó esta información en beneficio propio. Estamos en presencia entonces de una conducta empresarial que claramente no se enmarca en los principios de ética y de integridad que rigen en el mercado financiero.

La Novena Sala del tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia esté cubierta por alguna causal de reserva o secreto.

La Comisión para el Mercado Financiero omitió la notificación a los terceros interesados, incumpliendo el mandato del artículo 20 de la Ley de Transparencia. El máximo Tribunal invalidó la resolución recurrida, acotando la información que debe entregarse al peticionario, al considerar que a los terceros se les vulneró el derecho al debido proceso.

La Primera Sala del tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad fiscalizadora.