El pago tardío implica necesariamente un reconocimiento de la deuda; nadie paga aquello que no debe. Por eso, aunque en la demanda que da origen a la «litis», y que interpuso después de que le fuera reclamada judicialmente la deuda afirmaba desconocer su existencia y origen, es claro que sí la conocía.
En estrados, la recurrente alegó seguir recibiendo llamadas de cobranza, incluso después de la notificación del recurso, lo que no fue contradicho por la recurrida al no concurrir a la audiencia, por lo que el tribunal presumió la veracidad de tales alegaciones.
Su artículo 37 establece que la cobranza extrajudicial no puede considerar el envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación cobrada; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean hábiles; y demás conductas que afecten la privacidad de las personas.
Las amenazas vertidas por las recurridas constituyen una acción ilegal, por cuanto contravienen las normas legales, además de vulnerar el derecho a la integridad psíquica y a la privacidad de la actora.
Durante la tramitación del juicio, la recurrida ordenó el cese de los actos reclamados.
Con posterioridad, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° N°19.496.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y declaró arbitrario el actuar de las recurridas al mantener la cobranza extrajudicial, tras el inicio de proceso judicial.
El acoso comunicacional implica una afectación a la integridad psíquica de la recurrente que debe cesar.
