Lo anterior, sin perjuicio de la prosecución de la cobranza judicial hasta obtener la íntegra solución de la obligación con sus respectivos intereses, reajustes y recargos, según el procedimiento ejecutivo aplicable.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y los principios de proporcionalidad y de legalidad, desde que se le obliga a pagar multas e intereses penales compuestos que exceden todo criterio de racionalidad por ser extremadamente cuantiosos, beneficiando discriminatoriamente a los ex funcionarios, a través de una medida que resulta completamente inidónea para obtener una finalidad disuasiva.
La impugnante alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que al restringirse la posibilidad de interponer un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, se le impide que un tribunal superior jerárquico revise la sentencia propiamente tal, en cuanto la sentencia anterior fue anulada por un vicio ocurrido en la audiencia de juicio a instancia del demandante.
La impugnante alega que la norma legal objetada infringe el derecho a un procedimiento racional y justo, y al debido proceso, desde que a pesar de que han transcurrido cerca de 8 años desde la última gestión útil, no puede alegar el abandono del procedimiento, lo cual resulta desproporcionado y arbitrario, y en contra de esta resolución no se concede recurso de apelación para que dicha incidencia sea conocida o resuelta por la Corte de Apelaciones.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un proceso racional y justo, y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de haberse cometido errores manifiestos en la liquidación y, con ello, dar lugar a un enriquecimiento sin causa, no puede objetar la liquidación del crédito ni apelar la resolución.
Los requirentes exponen que, a diferencia del proceso ejecutivo en sede civil, en materia laboral el impulso procesal no está radicado en las partes, sino en el tribunal, en cuanto tiene que velar por los derechos y garantías constitucionales del trabajador.
Al excluir la procedencia del abandono del procedimiento, el legislador persigue una finalidad que es legítima: no solo busca asegurar la vigencia de la igualdad ante la ley, sino además da vigencia a la protección al trabajador.
La requirente fue parte de un juicio de lato conocimiento en que tuvo la oportunidad de oponer excepciones, contestar la demanda, promover incidentes, presentar prueba e impugnar la sentencia. Tuvo la oportunidad de participar activamente ejerciendo su derecho a defensa, por lo que se le han respetado las garantías del debido proceso.
Requirente alegó que la norma impugnada vulnera su derecho a defensa e igualdad ante la ley.
El requirente alega que la norma impugnada atenta contra el debido proceso.
El requirente alega que se produce una limitación a sus posibilidades de defensa, transgrediéndose sus garantías a un debido proceso e igualdad ante la ley.
