La Corte Suprema razona que la factura es un título causado, vinculado a la convención de la que ha nacido, de modo que la excepción de nulidad de la obligación resulta procedente y puede ser oponible al cesionario, debido a la naturaleza del título y a que no fue cumplida adecuadamente la ritualidad para dar a conocer la cesión de las facturas al municipio ejecutado.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia que ordenó a la demandada pagar la suma de $43.789.923 adeudada.
La demanda fue notificada en un domicilio perteneciente a una comuna diferente de aquella en la que el tribunal y el receptor tienen su asiento, mientras que el requerimiento se practicó tácitamente en el domicilio de este último, por lo el municipio contaba con 8 días para plantear excepciones y no con los 4 días que consideraron los jueces de fondo.
La demanda fue notificada vencido el plazo de un año establecido en el artículo 10 de la Ley N°19.983.
El máximo Tribunal sostuvo que el título fue impugnado de acuerdo a la ley, por lo que procede acoger la excepción del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil.
Mismas facturas que se intentan cobrar en juicios diferentes se consideran duplicadas.
La existencia de la deuda y su monto quedó acreditado con el reconocimiento tácito de la demandada al oponer las excepciones de cumplimiento y de pago, además de la recepción de cuatro facturas.
Los sentenciadores al acoger la excepción de incompetencia aplicaron lo establecido en el contrato respecto a su ejecución, lo cual es ley para los contratantes y no puede ser desconocido a través de esta instancia.
La factura al emanar del acreedor, requiere que el deudor participe en el perfeccionamiento del título, a fin de evitar fraudes o falsificaciones, debiendo manifestar su voluntad mediante el acuse del recibo.
