Destacó la potestad de la Superintendencia y su deber de supervigilancia y control sobre las empresas concesionarias del servicio público, así como las facultades fiscalizadoras que le confiere la ley para cumplir su función pública. Esta responsabilidad también abarca el caso en cuestión, en el que un particular solicita su intervención para aclarar los cobros de su consumo eléctrico domiciliario, lo cual debe resolver usando los medios resolutorios y fiscalizadores disponibles.