La Corte consideró procedente la derivación de antecedentes al Ministerio Público, conforme a las obligaciones legales de denuncia de los funcionarios públicos de hechos que eventualmente puedan revestir el carácter de ilícito.
El libelo señala que el 20 de abril de 2023, el presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Empresa Nacional del Litio, pero debido a la dificultad de reunir el quórum necesario en el Congreso, Codelco optó por crearla en una notaría, el 18 de mayo, sin la Ley de Quórum Calificado (LQC) que se requiere para constituir una empresa pública. Acusa que dicho acto transgrede la Constitución al no ajustarse a los fines legales de Codelco, que están relacionados con la minería del cobre.
El máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia invalidada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que rechazó la acción.
En el documento se señala que la operación entre ambas empresas “fue desarrollada con escasos antecedentes públicos, ya que sus máximos ejecutivos esgrimieron siempre el carácter confidencial, secreto o reservado de las negociaciones, como de las discusiones y acuerdos de sus correspondientes directorios”.
Consideró que una interpretación sistemática de las normas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico permite sostener que en él se tutela la información comercial sensible de los agentes económicos que puede ser constitutiva de fórmulas, estrategias o secretos comerciales u otros elementos cuya preservación confiere a ese agente ventajas competitivas en el mercado, debiendo estimarse que resulta perfectamente plausible en relación con Codelco, teniendo en cuenta su función, y el estatuto jurídico al que se encuentra sometido.
El máximo Tribunal estableció error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al confirmar la de primer grado que rechazó la demanda por lucro cesante.
Las instancias recibieron respaldos transversales de las y los diputados. En general todas proponen cambios legislativos.
El recurrente acusó que por años la empresa estatal le ha negado el acceso a El Teniente, por estar en una lista de personas con acceso prohibido a las dependencias de la minera, debido a un incidente ocurrido en 2017. Por su parte, Codelco refirió que el actor no se encuentra en ninguna lista de inhabilidades, por lo que puede solicitar cuando quiera el permiso de acceso.
La magistratura hizo lugar a una demanda de precario, entablada contra un particular que usurpó una de las edificaciones de la empresa estatal, fundado en que “se la entregó materialmente una fundación educacional”, lo que en la especie no constituye nexo jurídico alguno que habilite la ocupación del sitio.
El recurrente acusó a Codelco de prohibir a sus dependientes acudir a las instalaciones del actor, para la toma de exámenes médicos obligatorios para los trabajadores del rubro, decisión que nunca fue adoptada por la empresa estatal, sino que fue un comentario errado de un tercero que creyó que existía dicha cancelación de parte de la empresa minera.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia de la empresa estatal, quedando así a firme el fallo de primer grado que condenó a la demandada por despedir a un trabajador en razón de su edad, y le otorgó al demandado la opción de reincorporarlo a sus labores, o pagarle una indemnización.
