La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación contra la sentencia que reconoce la paternidad de dos menores nacidas en 2015 y 2017, basándose en la negativa del demandado a someterse a la prueba de ADN, lo que se considera un indicio clave en el fallo.
Se previene que las Ministras Chevesich y Muñoz, señores Valderrama y Llanos, consideran que la propuesta implica asignar una enorme tarea adicional de determinación patrimonial a la judicatura de familia, carga que en ese ámbito no suele realizar.
La autora asegura que «dada la creciente demanda de profesionales especializados, las oportunidades profesionales para el abogado especializado en derecho aeronáutico son muy diversas. En primer lugar, podría unirse a un estudio. Cada vez son más las firmas legales que incorporan la regulación del espacio aéreo a sus áreas de práctica, por lo que la oferta para ejercer esta especialidad en un despacho de abogados es cada vez más amplia».
El D.L. N° 2.695 ofrece un método equilibrado para resolver conflictos entre la posesión inscrita y la material, respetando así los principios constitucionales, siendo un mecanismo justo y necesario para abordar situaciones donde la posesión material no está reflejada en los registros formales, protegiendo a los poseedores materiales que, a pesar de no tener una posesión inscrita, han mantenido un control efectivo sobre la propiedad.
La norma, permitirá la administración de los bienes sociales en forma conjunta o indistintamente y establece conceptualmente un solo tipo de matrimonio. La Sala acordó como plazo de indicaciones, el martes 16 del presente.
Es un error considerar como premisa irredargüible que toda vulneración de un derecho fundamental da derecho a una indemnización. Esa interpretación no es correcta, pues confunde el contenido constitucional del derecho con los efectos pecuniarios posibles de su vulneración, refiere el voto disidente.
La Decimotercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce el monto indemnizatorio por daño moral.
La Primera Sala del máximo tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.
La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el principio de seguridad jurídica, ya que el Tribunal de primera instancia le ordena probar un hecho negativo.
En síntesis, afirma que, a pesar de que las mociones que dieron inicio al actual proyecto refundido pretendían regular una materia similar, lo cierto es que se aprecia claramente que en su versión actual la iniciativa contiene tres regímenes que difieren en aspectos centrales, lo que, además, de dificultar el análisis de las disposiciones, genera que no exista una adecuada coordinación entre las modificaciones que se proponen.
Una escribana «injuriada» en la redacción de una demanda por simulación de una escritura donde intervino, demandó al abogado y sus clientes por los daños que esos dichos le ocasionaron a su «credibilidad profesional» al acusarla de un delito. La acción prospero en primera instancia pero se declaró prescripta en la alzada.
