La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el principio de seguridad jurídica, ya que el Tribunal de primera instancia le ordena probar un hecho negativo.

En síntesis, afirma que, a pesar de que las mociones que dieron inicio al actual proyecto refundido pretendían regular una materia similar, lo cierto es que se aprecia claramente que en su versión actual la iniciativa contiene tres regímenes que difieren en aspectos centrales, lo que, además, de dificultar el análisis de las disposiciones, genera que no exista una adecuada coordinación entre las modificaciones que se proponen.

Una escribana «injuriada» en la redacción de una demanda por simulación de una escritura donde intervino, demandó al abogado y sus clientes por los daños que esos dichos le ocasionaron a su «credibilidad profesional» al acusarla de un delito. La acción prospero en primera instancia pero se declaró prescripta en la alzada.

El informe señala que respecto a las modificaciones sobre las reglas de acuerdos de los progenitores sobre cuidado personal, se observa que la redacción no es clara respecto al establecimiento del régimen de cuidado personal compartido, lo que podría tener implicancias en el ejercicio de las potestades que la iniciativa otorga a la magistratura de familia.

El asunto fue analizado en el Pleno y entrega la opinión sobre la iniciativa legal que incluye los principios de transparencia y probidad a las personas jurídicas sin fines de lucro que contraten o suscriban convenios con el Estado o sean receptoras de fondos públicos.

La Cuarta Sala del máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso sustancial por manifiesta falta de fundamento.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la de primer grado que acogió la acción.

Particulares dueños de predios superficiales presuntamente afectados por solicitudes de ampliación de servidumbres para trasladar agua desalada hacia las faenas de una empresa minera, pidieron que se declare inaplicable el bloque jurídico completo del Código de Minería y de la Ley de Concesiones Mineras que las regulan, sosteniendo que la petición de ampliación debía tramitarse conforme las normas que regulan las servidumbres en el Código Civil, en un juicio de lato conocimiento.

Para contribuir a la equidad de género y eliminar una de las tantas discriminaciones arbitrarias por sexo que hasta el día de hoy subsisten en nuestra legislación.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda de indemnización de perjuicio únicamente respecto del médico demandado.