El estatus jurídico de los animales crea contradicciones en nuestro ordenamiento jurídico.
El Tribunal de alzada señala que la sola circunstancia que la infracción conlleve una sanción pecuniaria no transforma ese ilícito en una falta penal o deba reputársele como tal, toda vez que esta sanción es, según el artículo 21 del Código Penal, una pena común para los crímenes, simples delitos y también para las faltas.
El máximo Tribunal descartó que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, se adoptara con error de derecho al no pronunciarle sobre la exposición imprudente al daño, argumento introducido por la demandada de forma extemporánea.
La Segunda Sala adujo que consta en autos que el requirente no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, en atención a que el certificado que contiene las menciones requeridas por la ley referidas al estado actual de la gestión pendiente, puesto que no se especifican eventuales recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Corte de Puerto Montt.
La gestión pendiente incide en recurso de apelación, seguido ante la Corte de Concepción.
Antecedente relevante atendido el derecho de toda adolescente de ser oída y del principio de autonomía progresiva.
Toda vez que los fines de la prescripción hacen aconsejable que su interrupción constituya un acto concreto y conocido, lo que se logra con la notificación de la demanda.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar la devolución del excedente a la empresa Inversiones Turner International I Limitada.
El Tribunal estableció que la corporación educacional demandada no rindió pruebas para acreditar la devolución de los fondos reclamados.
