La Magistratura Constitucional descartó que al no permitirse que el ejecutado oponga la referida excepción se produzcan resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al derecho a defensa y al debido proceso.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a defensa, desde que impone la carga probatoria al demandado, lo que resulta desproporcionado e injusto, en cuanto no sólo se requiere que el ejecutado pruebe un hecho negativo, sino que, además, se exige hacerlo dentro de un plazo breve.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho de propiedad, desde que no tiene posibilidad alguna que su único inmueble habitacional y comercial sea rematado de acuerdo al valor de comercial, esto es, al real valor del inmueble, lo que provocará que tanto él como su familia queden en la calle.
El objetivo es que Carabineros pueda concentrarse en sus labores esenciales de resguardar y garantizar el orden público y la seguridad pública. Según cifras de la institución policial, en 2021 realizaron 757.721 notificaciones y citaciones a lo largo del país.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que impide apelar la tasación del valor de la propiedad una vez que fue aprobada, sin que se tome en consideración el valor fiscal actual del inmueble.
La Novena Sala del tribunal de alzad descartó falta o abuso grave en resolución recurrida, dictada por jueza arbitradora de NIC Chile.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y, en virtud del artículo 5 de la Constitución, el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, desde que a pesar de que el artículo 177 de la Ley N°20.720 consagra el recurso de forma expresa, el precepto legal impugnado niega el ejercicio del derecho al recurso
La Séptima Sala del Tribunal de alzada estableció que la parte recurrente, Gendarmería de Chile, no puede ser considerada como un tercero completamente ajeno o extraño al procedimiento penal, especialmente cuando la materia en cuestión se relaciona con la forma de ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva.
Se advierte en este informe el inconveniente que significa pretender que con esta posibilidad que se da al apelado se profundiza la garantía del derecho al recurso. Esto, por cuanto al evacuar ese traslado no se impugna ninguna decisión del tribunal, sino que un acto de parte, a saber, el recurso de apelación interpuesto por el apelante.
La requirente sostiene que la norma legal impugnada vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que, el llamado a conciliación no puede ser considerado como la última gestión útil, sino que debe tenerse en cuenta la solicitud de nuevo día y fecha para dicha audiencia.
Al consignar la frase “alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”, la intención del legislador no pudo ser otra que obligar a las partes a realizar actuaciones que revelen inequívocamente el propósito de continuar con el procedimiento.
