El requirente alega que se permite vender en subasta pública acciones de su propiedad a un precio muy bajo sin que pueda oponerse, afectando sus garantías constitucionales.

Los requirentes alegan que la limitación contemplada en el inciso primero, segundo y tercero del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró el abonado del procedimiento, por lo que le ordenó, por sala no inhabilitada, emitir pronunciamiento sobre los recursos de apelación subsidiarios presentados.

El máximo Tribunal desestimó la viabilidad del recurso al estar mal estructurado.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia confirmada, dictada por el 11° Juzgado Civil de Santiago.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago, que ordenó, además, a las demandadas el cese de la conducta infractora, en el sentido de que en lo sucesivo, cada vez que se ejecute el proceso de migración, se deberá entregar información veraz y entendible a los consumidores, con especial énfasis en los costos asociados.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia de primer grado que aplicó la sanción.

El Tribunal de alzada aumentó el monto indemnizatorio a una cifra más condigna al daño causado a la paciente.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó a la compañía de seguro dar cumplimiento al contrato y pagar a la demandante la suma de $5.910.213 por concepto de daño emergente, más $3.000.000 por daño moral.

El Tribunal acogió la demanda tras establecer que se encuentran probados los daños denunciados por la permanencia de animales de las demandadas en los terrenos tras el término del contrato de arriendo.