El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia que ordenó a la demandada pagar la suma de $43.789.923 adeudada.
El requirente alega que la tasación aplicada es injusta y vulnera su garantía constitucional de igualdad ante la ley y propiedad.
El requirente alega que la aplicación de los preceptos impugnados, en el caso concreto, vulneran su garantía a un debido proceso e igualdad ante la ley.
El incidente de abandono del procedimiento tiene lugar en la medida que las partes estén en situación de poder realizar alguna actuación que implique una gestión útil.
La misma iniciativa propone que los animales no sean embargables.
El legislador no restringió el juicio ejecutivo de obligación de hacer, por lo que el acreedor se encuentra facultado para solicitar el cumplimiento del contrato principal y los perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
El requirente estima que no hay justificación racional que amerite tal limitación a sus garantías constitucionales, en especial su derecho a defensa.
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo dispuso, en agosto del año pasado, el llamado a una nueva votación del proyecto minero portuario Dominga y rechazó solicitud de abrir otro proceso de participación ciudadana.
Al no permitirse interponer las excepciones del Nº 1 y Nº 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, se vulnera la garantía del debido proceso y la igualdad ante la ley.
Afecta el principio de proporcionalidad, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el contenido esencial de esa garantía.
