El Senado aprueba el proyecto que da origen al nuevo Servicio Nacional Forestal (Sernafor), entidad descentralizada que reemplazará a la Corporación Nacional Forestal (Conaf). El proyecto incluye nuevas funciones en la lucha contra incendios y propone mejoras en la protección laboral de los trabajadores del sector forestal.
La disposición cuestionada (art. 482 del Código del Trabajo) no solo encuentra una explicación lógica a la luz de los objetivos del procedimiento laboral y los principios que lo rigen, sino que también tiene un fin que es constitucionalmente legítimo: poner fin al proceso como forma de solución real y definitiva de los conflictos.
La moción propone aumentar a un año el permiso postnatal de la madre (54 semanas), y podrá transferir las últimas 24 semanas al padre o decidir no utilizarlas y reincorporarse a sus funciones.
La eventual aplicación del artículo 162, incisos 5°, oración final, 6° y 7° del Código del Trabajo, produce resultados contrarios al principio de proporcionalidad de las sanciones, al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica.
El máximo Tribunal estableció falta o abuso al rechazar la apelación verbal presentada por la parte recurrente.
No transgrede la garantía de un debido proceso y el derecho al recurso, por lo que no menoscaba las posibilidades de defensa de los requirentes.
La iniciativa, iniciada en moción, modifica el Código del Trabajo con la idea de aclarar la equivalencia de ambos términos respecto del ingreso mínimo mensual.
Existe sólo una norma del Código Laboral que regula las relaciones que tienen lugar en el contexto de la práctica profesional, lo que da cuenta de la escasa importancia con la que históricamente se ha abordado esta materia.
Particularmente este Convenio mandata a los Estados miembros que lo hayan ratificado a respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y a la adopción de un enfoque inclusivo, integrado y con consideraciones de género para prevenir y eliminar tales conductas; además de entregar a los afectados vías de acceso recursivas, reparativas y de apoyo.
Establece medidas tales como el aumento de un 1% a un 2% del porcentaje mínimo que deben cumplir las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores, mayor fiscalización en el sector público y aumento de las multas para las empresas que incumplan la norma.
El máximo Tribunal estableció falta o abuso de los recurridos al confirmar la sentencia de primer grado que acogió la excepción de falta de jurisdicción planteada por la demandada.
