El requirente estima que el plazo máximo de 90 días constituye un obstáculo irracional para el ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva.

El requirente alega que no puede defenderse de una ejecución injusta, lo que vulnera sus garantías de debido proceso e igualdad ante la ley.

El requirente estima que se le aplica una sanción injusta y desproporcionada, afectando sus garantías constitucionales.

En zonas aisladas del país se deben recorrer largas distancias para trasladarse a los centros de salud que cuenten con maternidad u otras especialidades médicas para el parto.

El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.

Los servidores vinculados bajo las normas del Código del Trabajo a dicha Jefatura son funcionarios públicos y forman parte del personal institucional.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó el reclamo judicial interpuesto por la clínica privada en contra de la resolución de multa dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

No corresponde aplicar el tope establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo.

El máximo Tribunal estableció que en la especie se encuentra justificada la desvinculación del trabajador, quien fue contratado para realizar labores acotadas y no permanentes.

La normativa actual se remonta a más de noventa años y no se condice con el contexto actual de un mundo globalizado.