Existe sólo una norma del Código Laboral que regula las relaciones que tienen lugar en el contexto de la práctica profesional, lo que da cuenta de la escasa importancia con la que históricamente se ha abordado esta materia.

Particularmente este Convenio mandata a los Estados miembros que lo hayan ratificado a respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y a la adopción de un enfoque inclusivo, integrado y con consideraciones de género para prevenir y eliminar tales conductas; además de entregar a los afectados vías de acceso recursivas, reparativas y de apoyo.

Establece medidas tales como el aumento de un 1% a un 2% del porcentaje mínimo que deben cumplir las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores, mayor fiscalización en el sector público y aumento de las multas para las empresas que incumplan la norma.

El máximo Tribunal estableció falta o abuso de los recurridos al confirmar la sentencia de primer grado que acogió la excepción de falta de jurisdicción planteada por la demandada.

Al establecer el precepto impugnado que sólo serán susceptibles de apelación las sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, las que se pronuncien sobre medidas cautelares y las que fijen el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social, se vulnera la garantía de un procedimiento racional y justo, la igualdad ante la ley en la medida que deja sin aplicación el régimen de recursos que al que el litigante en cualquier otro proceso tendría acceso.

La baja del actor emana de la autoridad competente, se funda en el informe de la Comisión Médica Central de Carabineros, que examinó al actor, y concluyó en forma técnica que su salud no es compatible con la función a cumplir, por lo que su desvinculación no es discriminatoria, señala el voto en contra.

La magistrada cogió la demanda tras establecer que la empresa no justificó la causal esgrimida en la carta de despido del trabajador.

Establece las directrices a las que se deberán ajustar todas las investigaciones de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, las que incluyen derechos y obligaciones generales de las personas y entidades involucradas en dicho procedimiento, entre otras regulaciones.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el Tribuna Laboral declaró ajustada a derecho una de las causales de despido del trabajador, le concede de todas formas las prestaciones que demandó al haberse desestimado la configuración de otras causales notificadas en la carta de despido.

La Sala del Senado otorgó su respaldo unánime y transversal al informe de Comisión de Mixta sobre esta iniciativa que significa uno de los más importantes cambios culturales de la última década.