El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que estableció que la demandada no justificó la causal esgrimida en la carta de despido de la ingeniera comercial.

El Tribunal estableció que la demandada no rindió prueba alguna para acreditar la causal de despido invocada para desvincular a la trabajadora.

El máximo Tribunal estableció que en la especie se incurrió en un error de procedimiento, el que debe ser corregido para la necesaria y acertada decisión del pleito.

El Tribunal estableció que la demandada no justificó la desvinculación de la trabajadora por supuestas conductas imprudentes en el cumplimiento de sus funciones.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pica, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, al estimar que concurren las causales contenidas en el artículo 84 N° 5 y 6 de la LOCTC.

El máximo Tribunal rechazó el recurso, tras establecer que la resolución atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, no es factible el contraste.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministro Brahm y el Ministro Letelier, quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento, en tanto no se aprecia la configuración de ninguna de las causales de inadmisibilidad que prevé el artículo 84 de la LOCTC.

El máximo Tribunal rechazó el recurso al no apartar sentencia de contraste real a lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El máximo Tribunal rechazó el arbitrio presentado en contra la de sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que hizo lugar a la demanda.

El Tribunal estableció la improcedencia del despido y ordenó a la empresa pagar a la demandante la suma de $2.202.467, por concepto de recargo legal.