El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y el derecho al recurso, desde que le impide recurrir ante un tribunal superior para la revisión de una resolución, dejando a la demandada sin la posibilidad de contradecir lo planteado en la demanda y defenderse.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, y los principios de servicialidad del Estado y de seguridad jurídica, desde que excluirla para poder celebrar contratos con la Administración Pública le impedirá recibir la subvención del Estado como sostenedora de una escuela.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, desde que a pesar de que la demandante está en un estado de igualdad con todos aquellos que pueden demandar en sede laboral por una situación que deriva de normas previsionales o de seguridad social, se le excluye de manera arbitraria de tal jurisdicción, que es eminentemente más favorable que la vía civil ordinaria.

Introduce el reconocimiento de nuevos derechos laborales destinados a favorecer la idea de conciliar la vida familiar.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que la resolución que se pronuncia sobre las excepciones de incompetencia, caducidad y prescripción sólo es apelable cuando son acogidas, es decir, sólo se podrá interponer recurso de apelación si la resolución del tribunal no beneficia al demandante.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de juridicidad y la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho a un juez natural, ya que el legislador no le entregó la competencia a los Tribunales ordinarios en materia laboral para reconocer la existencia de relación laboral de funcionarios regidos por un estatuto de derecho público.

No vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso. La parte requirente yerra al asumir que la discusión de la existencia de una relación laboral es incompatible con la aplicación del artículo 162, y que además de esto se derivaría alguna inconstitucionalidad.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, ya que han transcurrido más de 8 años desde la última gestión útil en la causa.

El empleador debe resguardar la vida y salud, informado de los posibles riesgos asociados al trabajo, mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, y poner a disposición implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de juridicidad y la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho a un juez natural, desde que se atribuye a los jueces laborales una competencia no otorgada por el legislador, en cuanto se traslada una relación de Derecho Público al Derecho Privado que se encuentra regulado en el Código del Trabajo.