Al entenderse acreditado que la actora padeció acoso laboral, además de establecerse que la demandada no adoptó las medidas necesarias para garantizar un ambiente laboral digno y de respeto hacia ella, es posible concluir que todo ello derivó en la vulneración a su derecho a la integridad física y psíquica y, por otro, a su garantía de la honra.

El requirente alega que las alegaciones que formula no buscan atacar la extinción de la deuda, sino la imposibilidad de que se sustancie un procedimiento en contra de la Embajada del Estado de Kuwait en Chile, atendido su carácter de misión diplomática, lo que debe ser revisado por un tribunal superior.

En caso de no ser posible, el empleador estará obligado a destinar a la persona gestante a labores en las que no tenga contacto con personas que carezcan de la calidad de trabajadores del establecimiento educacional, con acuerdo de la trabajadora, cuando sea posible.

El propósito es habilitar un permiso de acompañamiento para personas en riesgo de suicidio, lo que permitirá a cualquier individuo, ya sea familiar o amigo/a apoyar a uno de los suyos en esta situación difícil y extrema, sin temor a perder el empleo.

Modifica la ley SANNA que creó un seguro obligatorio para trabajadores que sean padres o madres de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado.

El contenido del recurso denota que la parte demandada no está conforme con la aplicación e interpretación que se realizó en el fallo del artículo 87 del Estatuto Docente y 172 del Código del Trabajo, lo cual guarda relación con una causal de nulidad distinta a la que invocó, a saber, aquella establecida en el artículo 477 del mismo Código, en su hipótesis de infracción de ley.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, ya que, de conformidad al artículo 5 de la Constitución tiene derecho a recurrir, como bien lo dispone el artículo 8.2 letra h) del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además, a oponer otras excepciones distintas a las que autoriza el Código del Trabajo.

Su aplicación impone una diferencia arbitraria y conculca la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso, la seguridad jurídica, pues el receptor dejó el aviso mientras el establecimiento educacional se encontraba cerrado por vacaciones de fiestas patrias

La magistrada descartó infracción en la resolución impugnada, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente que le impuso una multa de 36 UTM a la empresa de venta de prendas de vestir y calzado vía internet.

Es el sentenciador de fondo quien deberá resolver la controversia y hacer las distinciones que estime pertinentes, entre las que se encuentra el carácter público de la demandada, pero también la categoría de los derechos demandados sin que sea esta magistratura la que deba zanjar el conflicto al calificar de inconstitucionales normas que, por el contrario, ha reafirmado en su razonabilidad y constitucionalidad, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas.